El Congreso da inicio este martes a la tramitación legislativa del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, iniciativa que contempla un erario fiscal superior a los 105,8 billones de pesos y casi 6.300 millones de dólares.
El ingreso formal del texto desató una controversia política en el Parlamento debido a la magnitud de los compromisos financieros solicitados por el Ejecutivo.
La inquietud legislativa apunta de forma directa al artículo 3 de la propuesta presupuestaria, el cual autoriza al Presidente José Antonio Kast a contraer obligaciones por hasta 25 mil millones de dólares por concepto de endeudamiento, a los que se añaden otros 600 millones de dólares adicionales, totalizando 25.600 millones de la divisa estadounidense.
La cifra representa un salto respecto del marco vigente, donde la ley autorizaba 17.400 millones de dólares, a los que posteriormente se sumó una ampliación de 6.200 millones solicitada durante el año y aprobada por el Congreso.
El margen de deuda desató críticas cruzadas, especialmente frente al contraste con el discurso económico sostenido durante la campaña electoral por la actual administración, que cuestionó al pasado gobierno de Gabriel Boric, acusando que las cuentas públicas se manejaban «como un quiosco».
Frente a este escenario, la presidenta del Frente Amplio e integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, diputada Gael Yeomans, advirtió que «lo que más nos tiene preocupados es el efecto que va a tener la reforma tributaria tan anhelada por el gobierno, porque si es que hay un aumento de la deuda, según lo que ingresa de la Ley de Presupuesto, al final del día la vamos a terminar pagando todos los chilenos, con tasas de interés que van a crecer y que van a terminar generando un impacto en la economía y también en las arcas fiscales«.
«Eso va a tener que ser respondido por parte del ministro Quiroz, que supuestamente no vino acá a endeudar al país, pero al final va a terminar haciéndolo si es que termina trasladando todo ese costo a la deuda«, puntualizó la parlamentaria.
Frente a los reparos surgidos en la sede legislativa, el titular de Hacienda explicó que «el aumento de deuda surge de un cálculo relativamente sencillo: hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea, y eso es«.
En paralelo, en el Parlamento se instaló la interrogante sobre el destino de la emblemática promesa del Gobierno de recortar 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en un plazo inicial de 18 meses.
Desde el equipo económico se ha buscado matizar la medida, precisando que el ajuste no se aplicará sobre los gastos basales permanentes del Estado, sino que consistirá en contener la tasa de crecimiento del gasto futuro, asumiendo que las presiones presupuestarias tienden permanentemente al alza.
Recorte de 95 mil millones de pesos a los Gores desata tensión
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 también recibe críticas por parte de los Gobiernos Regionales (Gores), luego de que se informara sus partidas destinadas sufrirán un recorte global de 95 mil millones de pesos respecto del periodo precedente.
La cifra encendió las alarmas de los gobernadores regionales, quienes hicieron ver su molestia en reuniones previas con el ministro Quiroz, luego de que trascendieran los montos asignados.
Frente al malestar, el Ejecutivo y parlamentarios del oficialismo salieron a defender un esquema de financiamiento condicionado que premia el cumplimiento de metas: si las regiones logran ejecutar la totalidad del gasto proyectado durante el primer semestre, podrán acceder a remesas adicionales.
El presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, senador Javier Macaya (UDI), respaldó la estrategia implementada por el Ministerio de Hacienda, afirmando que «acá hay una conversación que se está dando entre el ministro de Hacienda y los gobernadores, que va a permitir que incluso aquellos gobernadores que son capaces de ejecutar de buena manera obra pública y de inversión, van a recibir más plata que el año pasado. Tienen que ser capaces de demostrarlo, sí».
«Me tocó recibir información respecto de la ejecución presupuestaria de algunos gobiernos regionales y, en algunos casos, deja bastante que desear. A mayor inversión, a mayor capacidad de ejecutar el gasto, yo creo que tienen que haber incentivos y premios y gatillos a mitad del próximo año para que aquellos gobernadores que han hecho la pega reciban más plata», puntualizó el legislador.
«Yo tengo la esperanza que va a ser una buena discusión y voy a dar las garantías desde la presidencia de la comisión para eso», puntualizó.
Ajustes en Educación, Cultura y ministerios sectoriales
El freno financiero no se limita a los fondos regionales. En el sector educativo, la ministra María Paz Arzola enfrentará cuestionamientos en las subcomisiones para explicar la disminución de un 46% en el presupuesto para los Liceos Bicentenario y el término del programa de entrega de computadores «Yo Elijo Mi PC».
Ajustes similares se registran en carteras como Culturas, Ciencias y el Ministerio de la Mujer, donde se consigna el término del financiamiento para la fundación Prodemu en marzo del próximo año.
En este escenario de estrechez fiscal, las bancadas iniciaron la revisión detallada del proyecto de más de 1.000 páginas mediante herramientas de análisis digital. El Congreso dispone de un plazo de 60 días -hasta el 29 de noviembre- para despachar la ley.
Según el ordenamiento constitucional vigente, los parlamentarios solo pueden aprobar, rebajar o rechazar partidas sin facultad de generar gasto nuevo, y de no concluirse el trámite a tiempo, el proyecto original del Ejecutivo regirá de forma automática.
