La persistente rigidez del mercado laboral chileno mantiene en alerta máxima a las autoridades y economistas. El indicador de desempleo nacional arrastra un complejo récord histórico: registra 40 meses consecutivos sobre la barrera del 8%, con cifras especialmente preocupantes en la desocupación femenina e informalidad laboral, que se sitúan en 10,5% y 26,8%, respectivamente.

Ante este escenario, el Ejecutivo comenzó a delinear un paquete de reformas estructurales bajo el prisma de las directrices plasmadas en el documento «Bases programáticas» de la campaña presidencial de José Antonio Kast, las que apuntaban a una «revolución laboral» con foco en mayor formalidad y competitividad económica.

Adaptabilidad en las 40 horas

Una de las principales prioridades es la aplicación de la ley de reducción de jornada. Si bien el mercado recientemente se ajustó a la gradualidad de las 42 horas semanales, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó a inicios de mes a Diario Financiero que se presentarán iniciativas dirigidas a la adaptabilidad laboral.

El diseño apunta a imitar los modelos de países desarrollados que miden la jornada laboral en un promedio anual y no rígidamente semana a semana.

«La pregunta central es cómo se miden (las 40 horas): si las miden en un mes o las miden en un año. Hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas, pero los miden en promedio anual. Y eso permite mayor adaptabilidad en las actividades que son temporales, como el turismo, el agrícola«, planteó Quiroz.

Sin embargo, el cambio administrativo genera dudas académicas. Jorge Arredondo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), advirtió que el texto legal vigente deja un margen casi nulo para modificaciones por vía de dictámenes.

«En lo referente a las 40 horas, hay poco margen con el texto actual de hacer una modificación administrativa y cualquier modificación a esa política pública requiere pasar por el Congreso«, señaló el académico, recordando que el diseño original nació de un consenso político-social amplio.

Ley Karin

Otro de los focos urgentes de la cartera del Trabajo se concentra en la Ley Karin -que regula el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo– ad portas de cumplir su segundo año de vigencia en agosto, dado el alto número de denuncias que ha sobrecargado el sistema.

A mediados de junio, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó a La Tercera que el Gobierno alista ajustes reglamentarios internos, sin alterar la ley matriz, orientados a «mejorar la claridad de las obligaciones de empleadores, trabajadores y de la propia Dirección del Trabajo, además de fortalecer la coordinación y trazabilidad de los procedimientos para dar mayor certeza y eficiencia al sistema».

Desde la academia, Arredondo refrendó que «se ha planteado la posibilidad de hacer algunos cambios en el reglamento que la regula (a la ley) y que una idea es establecer algún trámite de admisibilidad al contenido de ciertas denuncias que quizá no correspondan al espíritu de la ley, con alguna posibilidad de apelación o reposición ante el empleador o ante la Inspección del Trabajo».

El debate por la indemnización «a todo evento»

El punto que anticipa la mayor fricción política y gremial -reconocido por el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau– es la opción de modificar las indemnizaciones por años de servicio ante la causal de «necesidades de la empresa».

La propuesta en estudio evalúa migrar hacia un sistema de indemnización a todo evento. Esto implicaría reducir el valor mensual actual (de un mes por año con tope de 11 años), pero permitiría que el trabajador retire esos fondos acumulados incluso si decide renunciar voluntariamente para buscar una mejor oportunidad.

Para financiarlo, el empleador debería aportar una cotización mensual adicional a una cuenta previsional o al seguro de cesantía.

Respecto a este punto, el debate quedó encendido entre los líderes de los gremios empresariales y las multisindicales de trabajadores.

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, defendió que «se debiera avanzar gradualmente hacia un sistema de protección a todo evento, donde trabajador y empleador puedan optar por reemplazar la indemnización por año de servicio por un seguro de cesantía fortalecido, financiado mediante una cotización a la cuenta individual».

La líder gremial abogó por «una transición voluntaria, gradual y que respete plenamente los derechos adquiridos«, con «una protección que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral y no solo cuando es despedido».

Por su parte, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, afirmó que «decir que (la propuesta del Ejecutivo) es una indemnización a todo evento pensada en como la que tenemos ahora es un espejismo».

«Esta iniciativa del Gobierno de Kast es un ahorro forzoso de los trabajadores donde el empleador define cuándo se usa y deja de ser un derecho donde el empleador está obligado a provisionar mensualmente los recursos para un futuro despido del trabajador y para proteger que ese trabajador pueda hacer la transición hacia otro trabajo en buenas condiciones», fustigó el dirigente.

Gradualidad

Para el experto Arredondo, un cambio de esta magnitud requiere obligatoriamente una implementación por tramos.

«Lo que se está postulando es para otorgar mayor flexibilidad. En mi concepto, tendría que eventualmente estar a propósito de las nuevas relaciones laborales que se generen o respecto a relaciones ya existentes que cumplan con cierto nivel de antigüedad. En nuestra legislación todos aquellos cambios que son bastante relevantes en el ordenamiento de las relaciones laborales siempre se ha proporcionado que sea de forma gradual», sentenció.

Mientras el Consejo Superior Laboral y la recién creada Mesa de Reactivación Laboral analizan estos costos e incentivos de movilidad, el mercado se mantiene a la expectativa de la publicación oficial de los datos de empleo del trimestre móvil marzo-mayo, programados por el INE para la próxima semana.