El abogado penalista y exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Rafael Collado, rechazó tajantemente este jueves la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades.
La medida, anunciada el lunes por el Presidente José Antonio Kast durante la rendición de su primera Cuenta Pública ante el Congreso, determinará como incivilidades algunas conductas que no son delito y quienes las cometan también perderán «beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo», según detalló el Mandatario en su discurso.
Collado, quien fuera el primer subsecretario de Seguridad Pública de Chile tras la creación del nuevo ministerio, opinó en conversación con Lo Que Queda del Día que la medida equivoca el foco al centrarse en la estigmatización del individuo y no en el control del hecho disruptivo.
«Controlar las incivilidades es correcto, (pero) tener un Registro de Vándalos me parece que no es el camino. En ese sentido, yo creo que hay una gran distancia entre el objetivo compartido de mejorar la forma en que las incivilidades se van a controlar con el camino que está tomando este Gobierno», señaló el doctor en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
A su juicio, este mecanismo confunde la gravedad de las faltas administrativas con la persecución de delitos complejos, lo que termina por desviar los esfuerzos prioritarios del Estado en el combate de las organizaciones delictivas de mayor alcance.
«¿Qué es un vándalo? ¿Un vándalo es un delincuente económico? ¿Es el líder de una banda de crimen organizado? ¿O es este joven que escucha la música fuerte en la plaza?… Es muy complejo entender qué significa vándalo», apuntó la otrora autoridad.
«(El anuncio de Kast) mezcla conceptos de incivilidades administrativas, que pueden ser objeto de multas o de trabajo comunitario, con delincuentes, personas que están cometiendo delitos graves, y da una muy mala señal, porque a esos delincuentes hay que tratarlos como tal, someterlos al proceso penal y sancionarlos con penas», agregó Collado.
«La señal al crimen organizado me parece que es equívoca», sentenció.
El experto también cuestionó la iniciativa que busca sancionar estas conductas mediante el retiro de subsidios y coberturas estatales, advirtiendo un sesgo socioeconómico en la aplicación de la norma.
«La pérdida de beneficios sociales es, además, una medida discriminatoria», advirtió.
«Un dejo de continuidad»
Pese a sus críticas al registro, el exsubsecretario identificó elementos de continuidad entre las estrategias del Gobierno anterior —como el plan Calles sin Violencia— y la focalización de patrullajes y recuperación de espacios públicos anunciada para este periodo por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
«He estado viendo el plan que ha mostrado el ministro en el Senado y en la Cámara y quedan algunas dudas que habría que empezar a revisar en detalle; por ejemplo, inversiones que se estaban realizando a través del plan contra el crimen organizado y si esas inversiones se van a mantener o no. El plan Calles sin Violencia también contemplaba inversiones, pero también generaba intervenciones en territorios específicos con un diseño. Eso se parece bastante (al diseño de Arrau)«, observó Collado.
«Yo veo algunas cosas de lo que está planteando el ministro Arrau que tienen un dejo de continuidad respecto, por ejemplo, de estas estrategias que nosotros manteníamos de intervenciones territoriales. Pareciera ser que van a mantener más o menos ese mismo sistema, lo que me parece que es adecuado, porque la seguridad se hace en el territorio«, sostuvo el jurista.
En ese sentido, el exsubsecretario de Seguridad Pública enfatizó que «tener intervenciones focalizadas en el territorio —y esto sí es muy importante decírselo a las personas que nos están escuchando— con un objetivo evaluable es muy loable, porque hacer operativos sin objetivo hace de menos eficaz la actividad del Estado».
