El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar hasta el lunes la detención de Carlos Isaac Álvarez Franco (22) y Oswald Aniel Moreno Prieto (18), imputados por su presunta participación en el secuestro con homicidio del joven de 19 años Martín Pérez Burgos, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del viernes en la comuna de Colina.
La investigación, encabezada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, mantiene a cinco personas de nacionalidad venezolana detenidas.
Un primer sospechoso ya fue formalizado y permanece en prisión preventiva; otro de los arrestados se encuentra bajo ampliación de detención desde el viernes; una mujer aprehendida fue puesta en libertad provisoria por no registrar mayor intervención directa; mientras que Álvarez y Moreno enfrentaron el control judicial durante esta jornada.
Las diligencias investigativas establecieron que parte importante del accionar delictivo y la estructura de captación operaba bajo órdenes emanadas desde el interior de centros penitenciarios.
Tras culminar la audiencia en el Centro de Justicia de Santiago, el fiscal supraterritorial del equipo ECOH, Pablo Sabaj, detalló que estos imputados «tienen participación directa tanto en el secuestro como en los hechos posteriores«.
«Son parte del grupo que secuestró a la víctima, que lo mantuvo en cautiverio y que después lo trasladó de una casa de cautiverio a otra, en momentos en que se produce la situación del deceso de la víctima. Su vinculación está fuertemente ligada a personas que están en recintos carcelarios», enfatizó el persecutor.
El engaño inicial y la extorsión a la familia
El secuestro comenzó el lunes 26 de octubre en la comuna de Estación Central.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por las policías, la víctima concurrió por voluntad propia hasta un punto de encuentro, momento en que fue engañada para abordar el vehículo donde se concretó la retención ilegal.
Posteriormente, el joven fue conducido a distintos inmuebles utilizados como casas de seguridad en la Región Metropolitana.
Durante el cautiverio, la banda criminal tomó contacto con su grupo familiar para exigir el rescate de 50 millones de pesos, adjuntando videos donde se apreciaba al joven amenazado con armamento de fuego.
No obstante, las pesquisas dan cuenta de que las negociaciones extorsivas se mantuvieron vigentes incluso cuando la víctima ya había perdido la vida.
Críticas familiares a la respuesta policial
Pese a que el círculo íntimo del joven desembolsó una cifra cercana a la totalidad del dinero requerido para conseguir su liberación con vida, el desenlace fue fatal.
En las afueras del tribunal, una tía de la víctima acusó: «Estamos destruidos como familia, porque pagamos lo que ellos nos pidieron. Al minuto cero que a mi sobrino lo secuestraron, en media hora fui a poner la denuncia a PDI, pero no nos han dado mucha ayuda. Si no es por ustedes (los medios de comunicación), esto no se hubiera sabido», relató la mujer.
Según comentó, al recibir la amenaza, «fui con video y les dije: ‘Mi sobrino me lo acaban de secuestrar, acá están los videos, me están pidiendo una suma de dinero, por favor ayúdenme’. Y me dice la PDI: ‘No, no le puedo ayudar porque estoy con muchos casos encima‘».
«Me voy y le digo: ‘¿qué están esperando? Mi sobrino corre riesgo ¡Lo van a matar!‘», denunció la mujer.
La audiencia de formalización de cargos en contra de los tres imputados en custodia se concretará de forma conjunta este lunes a las 13:00 horas en el Centro de Justicia.
