Un grupo de 25 estados de EE.UU. demandó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump por su última ronda de aranceles, que afecta a las importaciones de 60 países y economías.

La acción legal, en la que participan los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que estos gravámenes son ilegales y aumentarán los precios para consumidores y empresas en todo el país.

En marzo, un mes después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, el Gobierno anunció investigaciones sobre 59 países y la Unión Europea (UE) en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE.UU, alegando entonces que buscaba indagar en prácticas de trabajo forzoso a nivel mundial.

Amparándose en esta investigación, anunció en julio pasado unos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, como los 27 miembros de la UE, así como Canadá, Japón, Reino Unido y Chile, entre otros.

Los estados que interpusieron la demanda aseguran que los aranceles no cumplen con los requisitos de la sección 301, y que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso «como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países».

«No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales que impuso la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR)», subraya el documento judicial.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James -una de las demandantes-, criticó en un comunicado que, tras el fallo del Supremo, la Administración «vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles».

James recordó además que el mandatario «no tiene poder para imponer aranceles amplios a los países que quiera», tal y como estableció el Supremo en su fallo de febrero.