Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Ximena Ossandón (RN) defendieron que la reforma constitucional en materia de seguridad permanezca en el Congreso, pese a las críticas transversales que provocó la iniciativa y a las voces que piden al Gobierno retirarla.

En El Primer Café de Cooperativa, ambos parlamentarios valoraron que el Ejecutivo quitara la suma urgencia al proyecto para facilitar su discusión, aunque también expresaron reparos respecto de algunas de las facultades contempladas en la propuesta.

La posición contrasta con la planteada por el alcalde de Providencia y exministro de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), quien pidió sepultar la reforma y sostuvo que el Gobierno debía «ponerse colorado una vez y retirarla».

Romero: «No soy partidario de retirar este proyecto»

Romero afirmó que quitarle la urgencia fue una decisión «lógica y evidente» para buscar acuerdos, pero advirtió que el debate debe desarrollarse públicamente en el Parlamento.

«El lugar donde hay que discutirlo es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca«, sostuvo el diputado republicano.

El parlamentario reconoció que su sector mantiene aprensiones respecto de la iniciativa, especialmente frente a la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.

«Nosotros somos partidarios de que, en general, la privación o la limitación a las garantías fundamentales se haga con control jurisdiccional», explicó.

Sin embargo, enfatizó que «a mí me gusta más discutir las cosas en el Congreso Nacional y no soy partidario de retirar este proyecto para ir a discutirlo a una ‘cocina’. Yo soy partidario de que el proyecto se discuta de cara al país».

Romero añadió que el retiro de la urgencia abre espacio para modificar la propuesta y sostuvo que, si es necesario eliminar el nuevo estado de excepción contemplado por el Ejecutivo, debe hacerse durante la tramitación.

«Yo, en lo personal, no me enamoro de ningún mecanismo; si hay que retirar el estado de excepción, se retira», aseguró.

Ossandón: «El diálogo democrático absoluto se da en el Congreso»

La diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, también cuestionó aspectos centrales de la reforma. Advirtió que no se puede dejar una Constitución habilitada para que una futura autoridad haga un uso indebido de facultades excepcionales.

«La Constitución está hecha justamente para controlar el poder y tiene que seguir así. No puedo empezar a habilitarla para dar poder a las autoridades, porque justamente lo contrario es lo que la Constitución de todos los países busca», señaló.

Pese a estas objeciones, la legisladora respaldó que el proyecto continúe su tramitación y valoró la decisión de retirar la suma urgencia.

«Qué bueno que exista el Congreso y qué bueno que, como dice Agustín Romero, se vaya a seguir discutiendo en el Congreso con todas las miradas, porque ahí no va a quedar ninguno excluido«, indicó.

Ossandón también discrepó de Bellolio y sostuvo que no comprende la utilidad de retirar la iniciativa sin precisar qué mecanismo la reemplazaría.

«A mí me extrañan las palabras del alcalde Bellolio, porque él también fue parlamentario y sabe perfectamente que el diálogo democrático absoluto se da en el Congreso, porque ahí estamos todos representados», afirmó.

Consultada sobre si sacar el proyecto conduciría necesariamente a una negociación reservada, aclaró que esa era solo una posibilidad, pero insistió en que «el lugar donde más democracia se vive es el Parlamento y es ahí donde se debe tratar este proyecto», recalcó.

La postura de RN se produce después de que parlamentarios del partido analizaran el texto con expertos constitucionalistas y plantearan cambios para limitar los plazos, reforzar la intervención del Congreso y exigir autorización judicial para las interceptaciones telefónicas.

La oposición insiste en retirar la reforma

Desde la oposición, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, rechazó que retirar la iniciativa implique trasladar el debate a una negociación a puertas cerradas.

El legislador calificó la reforma como «innecesaria» y «riesgosa para la democracia», y planteó que el Ejecutivo debe concentrarse en una agenda de más de 30 proyectos de ley sobre seguridad.

«Es hora de que el Gobierno efectivamente reflexione, que se dé cuenta del error que cometió, que lo reconozca y que retire la reforma constitucional. No para llevarla a una cocina, sino para que concentremos las energías en el debate legislativo vía proyecto de ley«, expresó Soto.

Los cuestionamientos también han surgido desde sectores oficialistas. El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió anteriormente que la reforma «no tiene ninguna viabilidad» en sus condiciones actuales, debido a las atribuciones que entrega al Presidente y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que los partidos opositores busquen negociar fuera de las instituciones.

«Ni cocina ni al golpe avisa, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy sensible y de primer orden«, manifestó.

Carmona reafirmó que su sector está disponible para fortalecer a las policías y avanzar en nuevas leyes contra el crimen organizado, pero no mediante la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo.