Integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez -instancia que busca esclarecer vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename entre 1979 y 2024– anunciaron su renuncia colectiva, apuntando a que no existen las condiciones mínimas para continuar el trabajo.
La declaración firmada por la presidenta Soledad Larraín y los funcionarios Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, apunta a que la decisión fue tomada tras semanas de diálogo con las autoridades, en las que presentaron propuestas, antecedentes técnicos y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba la instancia.
Asimismo, señalaron que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han debilitado el funcionamiento de la comisión, por ejemplo, con la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios: «Las decisiones adoptadas hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato».
«La escucha no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético», apuntaron, y enfatizaron que «hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar«.
Los ahora exintegrantes enfatizaron que el proceso constituye una tarea de Estado, más allá del gobierno de turno, y que responde a estándares internacionales en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.
«Lo que hoy se debilita no es solo una comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica», aseveraron en el comunicado.
Informaron que la renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, poniéndose a disposición de realizar una transición ordenada y entregar los avances alcanzados para dar continuidad a este proceso.
«Damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo», concluyeron el comunicado.
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Ministerio de Justicia apunta a problemas de funcionamiento interno
De acuerdo a La Tercera, el Ministerio de Justicia apuntó a problemas de funcionamiento interno y un bajo rendimiento en la toma de testimonios, motivando la reformulación del trabajo de la comisión.
Una fuente del ministeri detalló que la instancia comenzó a trabajar en febrero del año pasado y los primeros seis meses organizó el proceso de búsqueda; posterior a ello, contrató a un equipo de 30 profesionales para contactar a personas que habrían sufrido violaciones a sus derechos bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.
No obstante, la cartera señaló extraoficialmente que los resultados fueron bajos. Según los antecedentes entregados, hasta marzo de 2026, la comisión obtuvo 233 testimonios, lo que -según la misma fuente- equivaldría a un promedio inferior a una persona contactada al mes por profesional.
Dado lo anterior, aseguran que fue necesario intervenir y reformular su funcionamiento. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, presentó una serie de propuestas para mejorar la eficiencia del trabajo, entre ellas, modificar el modelo de gestión y revisar el esquema de funcionamiento territorial.
Asimismo, se resolvió reducir parte del equipo profesional, manteniendo al menos un encargado por región, y los comisionados continuarían bajo una modalidad ad honorem. Propuesta que habría sido rechazada por quienes renunciaron.
Justicia estaría pensando en designar a Pedro Natho como nuevo director ejecutivo de la comisión, quien asumirá el próximo 4 de mayo. Según la carretera, su llegada busca fortalecer el mandato presidencial que creó la instancia y mejorar la eficacia del proceos.
La cartera recalcó que la reformulación no implica el cierre de la comisión, sino un rediseño para darle continuidad al trabajo de escucha, análisis y reparación.
