El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advierte que Chile dejó de ser solo un país de tránsito para el narcotráfico y hoy también es consumidor y productor de drogas, en un escenario marcado por la expansión del crimen organizado. A su juicio, el aumento de las incautaciones responde tanto a una mayor capacidad investigativa como a cambios en las rutas del narcotráfico, con organizaciones internacionales que buscan instalar operaciones en el país e incluso laboratorios para procesar drogas sintéticas.

En conversación con BBCL, el persecutor sostiene que el principal riesgo del crimen organizado es su capacidad para corromper al Estado. En ese sentido, afirma que “el narcotráfico no solo compra droga, también compra voluntades”, por lo que la corrupción constituye la primera inversión de estas organizaciones. De esta manera, enfatiza que “seguir el dinero del crimen organizado no es una metáfora”, sino la forma más directa de identificar a quienes facilitan o protegen las redes delictuales.

Castro Bekios explica que la experiencia internacional demuestra que una organización criminal difícilmente sobrevive sin funcionarios corruptos que la respalden. Por ello, asegura que la Fiscalía mantiene investigaciones reservadas sobre posibles casos de corrupción vinculados al crimen organizado, con el fin de no exponer las estrategias investigativas ni alertar a las bandas sobre las técnicas que utiliza el Ministerio Público.

El fiscal concluye que el combate al narcotráfico no puede limitarse a decomisar cargamentos de droga. Igualmente, asegura que Antofagasta se ha convertido en la principal línea de defensa del Pacífico Sur y plantea que el verdadero desafío es desarticular el negocio criminal, cerrando las rutas de lavado de activos, golpeando sus finanzas y cortando los vínculos de corrupción que permiten a estas organizaciones mantenerse operativas.

Chile: país de tránsito, consumidor y productor de drogas

—Desde que ud. asumió la Fiscalía Regional de Antofagasta en octubre de 2023, ¿cuánta droga se ha incautado?

Cuando asumí, tomamos varias medidas; como yo venía de hace mucho tiempo trabajando en droga y crimen organizado y estaba en Santiago, cambié algunas cosas para poder mejorar las cifras, que si bien no eran malas, conociendo la realidad criminal del norte y la frontera de Antofagasta con Bolivia, que yo la conozco porque soy de Antofagasta, tenía la impresión de que en realidad estaba pasando más droga de la que se estaba detectando. Se empezó en esa época el trabajo primero con Carabineros de Chile, donde cambiamos un poco la modalidad de trabajo y sobre todo a propósito, y esto creo que es importante tenerlo presente, en relación a las otras regiones de la Macrozona Norte. Cuando yo empiezo mi periodo, se instala el sistema de bitácora web, que es un turno macrozonal.

—¿Cómo funciona?

Los antiguos llamados ahora se ingresan a un sistema computacional (…) Cuando se trata de drogas, como es una especialidad más delicada, lo que hice yo fue que los procedimientos de droga de determinada cantidad hacia arriba, cantidades relevantes, los tomara un fiscal de turno especializado. En otras palabras, establecí para la región de Antofagasta un turno en donde cualquier policía que toma un procedimiento de drogas, sea donde sea que esté en la región, cuando tiene una incautación de droga relevante, se va a contactar directamente con un fiscal especializado en drogas por teléfono, que le va a dar la instrucción. Y eso cambia mucho porque cuando usted tiene una incautación de droga por personal, por ejemplo, territorial, en un bus o en un camión, el funcionario territorial no va a hacer más diligencias, se va a quedar con el detenido y con la droga que incautó. Imagínese, 80 kilos, pero no se van a hacer más diligencias (…) Entonces yo, previendo esa situación, dispuse que se siguieran haciendo diligencias. Eso significa entregas controladas, buscar al proveedor, al destinatario final, allanar domicilios y otras, pero eso requiere inmediatez.

Eso ha hecho que, al día 15 de julio, llevamos 117 toneladas con 111 kilos y 20 gramos para ser bien preciso. Eso es en todo el periodo (desde octubre de 2023). Ahora, en lo que va de este año, llevamos —al 15 de julio— 51 toneladas con 551 kilos. Si nosotros tomamos esa cifra, la que llevamos hasta el día 15 de julio de 2026, y la comparamos con lo que se incautó en todo el 2025, que fueron 38 toneladas y 942 kilos, la región ya superó en poco más de medio año todo el resultado récord del año anterior (…) Si usted lo quiere traducir a igual fecha, por ejemplo, si tomamos el 15 de julio de 2025 y 15 de julio de 2026, hasta ahora llevamos 3,7 veces más que lo incautado a esa fecha. Esto significa, y esta es la cifra dura, un 268% de incremento en relación al mismo periodo del año anterior.

—¿Cuál es la droga que más se incauta?

Aquí estoy hablando de todo el periodo. Lo que más se incauta al día de hoy es cannabis, el 85,3%. Eso tiene, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que nosotros analizamos aquí en la región, varias explicaciones, pero yo le diría que la más sencilla es que primero tenemos un país fronterizo que es Bolivia, que si bien antes nosotros lo conocíamos por su fuerte —por decirlo de alguna manera— en la producción de cocaína, también empezó a producir marihuana (…) Nosotros tenemos un incremento en cocaína, que es un 334% en relación al año anterior. También ha ido al alza la incautación de clorhidrato de cocaína en un 60% y una que es muy preocupante es el aumento de la incautación en drogas de síntesis. En el caso de Antofagasta, hay un 194% más de incautación de ketamina, lo cual evidentemente es una mucho más riesgosa, pero a la vez es mucho más conveniente en términos económicos para las organizaciones criminales, porque no es una droga orgánica. Es decir, yo no necesito plantar, no necesito hectáreas de plantación. Lo que se necesita son químicos como insumos y precursores químicos. Eso se traduce en que es más barato producirlo y en que ocupa mucho menos espacio para el transporte, lo que la hace económicamente más atractiva y que cada una de esas dosis de ketamina, por ejemplo, de un gramo, salen aproximadamente 40 dosis (…) En nuestro país, además, es una droga fuerte y yo diría que ha impactado incluso en el consumo de pasta base y que, por lo menos en términos de incautación en nuestra región, ha bajado. No voy a decir que es una baja muy relevante, pero sí ha bajado. Esos datos son coherentes con lo que nosotros hemos revisado en las encuestas de consumo que hace Senda, que son bien certeras, sobre todo en consumo de marihuana.

—¿Por qué tanta marihuana?

Chile se ha mantenido en los últimos años entre los cinco países que per cápita consumen más marihuana en el mundo. Por tanto, la demanda de marihuana en nuestro país para satisfacer el consumo de un año es muy alta y de ahí la explicación de por qué estamos incautando tanta marihuana. La explicación no es unívoca, es decir, no es que se incaute más marihuana y, por lo tanto, esté necesariamente entrando mucha más marihuana que antes. Es una mezcla. Es decir, tenemos un alto consumo, pero también estamos incautando mucho más que antes, porque se ha cambiado la estrategia de trabajo con las policías y con los demás organismos que trabajan en la persecución de delitos (…) Es una suma de instituciones del Estado que han ido colaborando desde cada una de sus funciones y de sus competencias en ir aumentando las cifras de incautación.

—Hace años, el análisis era que las bandas delictuales usaban Chile para blanquear su ruta. A la luz de las investigaciones que ha liderado, ¿se puede sostener lo mismo? ¿O Chile deja su estatus de país de tránsito para convertirse en consumidor y/o productor de droga?

Yo creo que al día de hoy ya no podemos plantear la misma situación o que hay un statu quo. Ya no somos meramente un tránsito. Primero, además de tránsito, que evidentemente lo somos porque somos un país que tiene 4 mil kilómetros de franja marítima, lo que evidentemente lo hace muy atractivo para la exportación de droga a otros mercados, y eso va a ir en aumento… Eso hay que tenerlo muy presente. Pero además del tránsito, somos un país consumidor. Somos uno de los mayores consumidores de marihuana; también se consume mucho clorhidrato de cocaína y están entrando las drogas de síntesis, sobre todo la ketamina, pero además hemos detectado que, si bien desde hace mucho tiempo nosotros teníamos una producción de marihuana tanto en la región Metropolitana, en la parte sur y hacia la cordillera, en las regiones de O’Higgins y de Maule, al día de hoy se ha sumado de manera bastante relevante un fenómeno nuevo que es la producción de marihuana en la región de Coquimbo, sobre todo en el Valle del Limarí, hacia los sectores cordilleranos. Ahí Carabineros ha hecho un trabajo bastante complejo porque no es fácil llegar a esos lugares en donde hay grandes plantaciones de marihuana que se han ido incautando. Y a eso obedecen las cifras de incautación, que ha habido un aumento en la región de Coquimbo, pero también con una variación que habla del cambio de la criminalidad en nuestro país.

Cuando se hacían los procedimientos y quema de plantaciones, lo normal era que el cuidador de una de estas plantaciones en O’Higgins, por ejemplo, era normalmente alguna persona del campo a la que le encargaban cuidar; sentía un helicóptero, los vehículos y desaparecía. Al día de hoy eso ha cambiado; ahora hay vigilantes armados, no solo nacionales, sino que también extranjeros con armamento potente. Ha habido enfrentamientos también y, por lo tanto, la situación es bastante distinta por ese lado. Ahí tenemos una vertiente de producción nueva, que se ha sumado a lo que había.

—¿Algún caso que nos ayude a ejemplificar esa situación?

También hemos visto, no solo en un caso que lo voy a mencionar y que es muy concreto, que es una operación que hicimos durante el año 2025, en el mes de enero, que se trabajó con la sección del OS7, en donde se pudo detectar una célula del cartel Jalisco Nueva Generación que efectivamente llegó a nuestro país desde el año 2024 con el objeto de traer metanfetamina en una etapa intermedia de su elaboración oculta; en este caso fue en tinajas de pintura, pero ahí ya el objeto no era simplemente que eso llegara a transitar por Chile y sacarlo hacia afuera. No, el objeto era muy distinto. El objetivo de esta organización, que ya está pronto a ir a juicio, era hacer un ensayo de instalar un laboratorio de procesamiento de metanfetamina, que efectivamente se hizo. Inicialmente, la investigación señalaba que la idea era instalar ese laboratorio en la región de Antofagasta, a propósito de los grandes sitios industriales que tenemos asociados a los proveedores de la minería y, por lo tanto, ahí hacer un laboratorio en un galpón no iba a llamar la atención, pero finalmente, por temas logísticos, el embarque de droga llegó al puerto de Valparaíso y se tuvo que buscar otro lugar que finalmente fue una parcela en la comuna de Lolol, donde se empezó a realizar el proceso de cristalización de la metanfetamina, que es el último proceso y en donde se obtiene el producto más valioso en el mercado. Y justamente cuando se estaba en ese proceso en el laboratorio fue que irrumpimos, y yo me acuerdo de haber estado en esa oportunidad con el OS7 de Carabineros de Antofagasta y distintos equipos que apoyaron desde nivel metropolitano. Se incautaron 843 kilos de metanfetamina y se detuvieron a dos personas de origen mexicano, que, de acuerdo a los antecedentes de nuestra investigación, pertenecerían al Cártel Jalisco Nueva Generación (…) No es el primer antecedente que tenemos de organizaciones mexicanas tratando de hacer esto.

—¿Por qué?

Eso tiene una explicación. El objetivo de esto es que, si usted observa con una mirada más de geopolítica del crimen organizado, tiene una explicación que es bastante razonable y que dice relación con la presión que se está produciendo en el hemisferio norte y en el sector del Caribe a propósito de la Operación Lanza del Sur, de la detención de (Nicolás) Maduro en Venezuela, de la caída de algunos líderes de organizaciones criminales que han hecho que las antiguas rutas de tráfico de drogas que iban a Europa ya no puedan ser utilizadas por la presión que está ejerciendo Estados Unidos con sus operaciones antinarcóticos (…) Estas organizaciones están explorando la salida de sus mercancías por esta presión que se está ejerciendo, que hace que las rutas vayan bajando hacia el Cono Sur, hace que las organizaciones criminales tengan que explorar nuevas rutas y, si quieren, por ejemplo, llegar de manera más rápida y más expedita a Oceanía o Asia, lo mejor es utilizar los puertos del Pacífico y, entre esos, por cierto, están puertos de Chile.

—¿Entonces podemos decir que Chile es de tránsito, consumidor y productor de drogas?

Sí. Tránsito, consumidor y productor, aunque esto último yo no diría a una gran escala, pero que ha incrementado notoriamente su producción de marihuana porque se sumó una región completa.

—Respecto de la situación de las fronteras o los puertos, ¿cree que ha habido suficiente inversión o falta?

Por encargo del fiscal nacional, se dividieron las zonas de tráfico marítimo en macrozonas y yo tengo a cargo el Norte Grande, que va desde Antofagasta hasta la región de Coquimbo, es decir, prácticamente hasta Los Vilos. Son mil kilómetros y una cantidad muy importante de puertos. En cuanto a la inversión, tenemos que hacer una diferencia: la inversión pública y sobre todo en lo que dice relación con seguridad pública, creo que al menos en la zona que es de mi competencia, se requiere más capacidad. Hay que invertir en capacidad, me refiero en términos de tecnología para detección y estoy hablando en general; eso compete a los distintos servicios públicos, no solo a la Armada de Chile, sino que también al Servicio Nacional de Aduanas, que debiera estar necesariamente dotado de una mayor cantidad de escáneres de detección de droga. Piense usted que nuestro porcentaje de incautación, teniendo puertos que son estratégicamente complejos, es solo de un 3% de todo lo que se transporta. Y ese porcentaje del 3% para puertos críticos, sobre todo siendo un país fronterizo con países productores de droga, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, y esto lo digo como fiscal regional de Antofagasta, no necesariamente representando la opinión de toda la Fiscalía, es muy bajo para esta zona. Entonces, ahí hay un tema de inversión en las medidas de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con escáneres, porque evidentemente la detección de sustancias ilícitas requiere de la mejor y de la mayor tecnología.

Le voy a dar solo un ejemplo de mi zona, para que podamos distinguir bien, porque a veces se hace la interpretación respecto de los puertos solo midiendo por cantidad de contenedores. Cuando hablamos de cantidad de contenedores, estamos hablando de estos contenedores que incluso ahora se usan para construir casas y a eso se les llama TEU y se pide, por lo tanto, la capacidad de carga de un puerto por la cantidad de TEU contenedores que mueve (…) Entonces, si uno hace esa medición, indefectiblemente el puerto de Chile que mayor cantidad de contenedores transporta es San Antonio, pero si nosotros hacemos una segunda mirada y vemos, evaluamos el riesgo, no solo por contenedores, porque la carga que sale de nuestro país no solo sale por contenedores, sale también a granel, si lo vemos por recaladas de embarcaciones, es decir, embarcaciones que salen y embarcaciones que llegan de distintos puertos del mundo, la situación de la región de Antofagasta —en términos de recalada— prácticamente equipara a la situación del Puerto de San Antonio. Si usted hace un análisis de las capacidades de detección tecnológica y capacidades de fiscalización humana entre el Puerto de San Antonio y los puertos de Antofagasta, entre ellos, por ejemplo, la situación del megapuerto de Mejillones, es absolutamente distinta. Por tanto, desde mi perspectiva, falta inversión, y yo en esto no puedo dejar de ser bastante regionalista y nortino a la vez; falta evidentemente capacidad tecnológica, pero sobre todo también recurso humano, fundamentalmente en lo que dice relación a la Directemar o la Policía Marítima. Al día de hoy, en la zona norte está concentrada en la zona naval de Iquique y eso significa que quedan un poco más descuidadas las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo porque la otra gran Inspección de Policía Marítima está en la quinta región.

—En cuanto a las situaciones de contrabando, ¿qué opinión le merecen alternativas como la zanja? Si bien no es su jurisdicción, ¿cree que podría ser un aporte en zonas de Antofagasta? Frente a la problemática de los autos chutos, por ejemplo.

Lo que hay y está en mi región son, si podemos hablar desde una perspectiva general y no solo de la zanja, medidas contramovilidad. Es decir, no se trata solo de un hoyo, son distintas medidas de contramovilidad las que se están haciendo: zanja, montículos tremendos de tierra y también otras medidas de contramovilidad que son estáticas, que son estructuras de concreto. Esas medidas en su conjunto efectivamente pueden ser eficientes. En algunos casos hemos detectado que han sido eficientes. Por ejemplo, tengo reportes del interior de mi región en donde hemos detectado huellas de vehículos que llegan a la zanja u otra medida de contramovilidad y se tienen que devolver. Queda la huella de la vuelta en U. Esto ya está pasando, pero tenemos que sacarnos un poco el concepto solo de la zanja, porque es mucho más que la zanja, porque las medidas de contramovilidad tienen que ir aparejadas además con medidas de control, de fiscalización y de vigilancia tecnológica de la frontera que se están haciendo también por parte del personal del Ejército en nuestra región. En ese sentido, tomando en su conjunto las medidas de contramovilidad, nosotros hemos podido constatar que han tenido efecto.

Corrupción, crimen organizado y otros

—En una reciente entrevista con este medio, el general (r) Ricardo Yáñez dijo que el crimen organizado ha permeado no solo dicha institución, sino el Estado en su conjunto. ¿Usted comparte esa visión?

Lo que yo sí tengo claro es que uno de los grandes, y diría de los riesgos más grandes que trae aparejado la penetración del crimen organizado en un país y sobre todo en un país como el nuestro, es justamente el riesgo indefectible que tiene el país de corrupción. Uno no puede separar, y en esto hay que ser súper claro técnicamente, el nexo que hay entre el crimen organizado y la corrupción. Por ejemplo, el narcotráfico no es solo comprar droga; el narcotráfico también compra voluntades. Por eso la corrupción siempre va a ser la primera inversión y, por tanto, la corrupción también es nuestro primer objetivo.

Si usted piensa en la metodología de valorización que hemos utilizado, que son metodologías que utiliza el OS7 de Carabineros, hemos podido lograr una valorización de este periodo aproximado de 800 millones de dólares o 742 mil millones de pesos incautados en el periodo en que me ha correspondido trabajar. Esta cantidad de dinero comprenderá que no van a financiar un solo soborno o no van a pagar un solo “dejar de mirar” o hacer a un lado, y por eso seguir el dinero no es una metáfora.

Hay que pensar, y esto en términos internacionales, la experiencia internacional ha dicho… una organización criminal sin que haya algún funcionario comprado es una organización criminal que va a tener una fecha de vencimiento. Por lo tanto, ese nexo lo tenemos muy presente y créame que estamos muy pendientes. Evidentemente, no podemos hablar de cómo estamos trabajando en ello, pero sí hace tiempo que estamos tomando medidas y que hemos trabajado en corrupción de funcionarios de cualquier naturaleza. Lo que pasa es que en nuestra región, y quizás eso es distinto a lo que pueda ocurrir en otra, nosotros hemos sido bastante reservados cuando hay funcionarios públicos involucrados y no porque queramos protegerlos, muy por el contrario, porque creemos que es la mejor herramienta para que quienes pertenecen a las organizaciones de crimen organizado no sepan lo que estamos haciendo, no sepan cómo estamos trabajando desde un punto de vista estratégico. Como decimos quienes trabajamos en drogas hace mucho tiempo, no queremos matar la técnica, que fue lo que pasó con las escuchas telefónicas. Se hicieron tan públicas, tan comunes, que al día de hoy es muy poco lo que se puede obtener de las intervenciones telefónicas y no queremos que eso pase en algo tan sensible como la corrupción producto del crimen organizado.

—Durante un tiempo, las amenazas a fiscales fueron todo un tema, especialmente a los persecutores del norte. ¿Le pasó algo así alguna vez?

Le voy a ser bien sincero, de que me han amenazado, sí, lo puedo decir. Tampoco creo que corresponda que los fiscales asumamos una suerte de rol de héroe, porque no corresponde. Nosotros estamos llamados a cumplir la ley, ese es nuestro deber y cuando nosotros nos involucramos en este trabajo sabemos que una de las consecuencias no deseadas de ejercer cargos de esta naturaleza y sobre todo en determinadas especialidades como el tema del crimen organizado, es justamente ser víctima de amenazas y eso es una realidad no solo de Chile, es una realidad que ocurre a nivel latinoamericano bastante fuerte (…) Pero la Fiscalía tiene actualmente los mecanismos institucionales internos para poder justamente manejar las amenazas, evaluarlas, poder ponderarlas y tomar las medidas que en cada caso y dependiendo de cada fiscal son las que se requieren para resguardar la seguridad del fiscal y que este pueda hacer su trabajo en forma normal. Eso es efectivamente lo que ocurrió en mi caso; la Fiscalía constantemente evalúa —de manera técnica y a través de una unidad especializada— la seguridad de los fiscales, entre esas la mía, y toma las medidas y ha tomado las medidas necesarias para resguardar la seguridad.

—Le quiero preguntar por su opinión sobre el aterrizaje de fiscales en la política. ¿Qué le pareció la experiencia que vivió la exfiscal y exministra Trinidad Steinert?

En lo particular, trato y procuro mantener una absoluta, absoluta, absoluta prescindencia política por el tipo de casos que me corresponde conocer, por el tipo de asignaciones especiales que me ha hecho el fiscal nacional, que justamente me obligan a prescindir absolutamente de este tipo de opiniones.

—Cuando Eduardo Ríos renunció al Ministerio Público, acusó persecución y espionaje clandestino al interior de la Fiscalía que ud. dirige. ¿Se abordó esa situación y las acusaciones? Con el fiscal nacional, por ejemplo.

Lo que me está permitido decir conforme a la ley, y con mucha tranquilidad se lo digo, es que todas esas manifestaciones, acusaciones, algunas que incluso se hicieron por medios de prensa, han sido abordadas a través de los mecanismos legales y reglamentarios que tiene el propio Ministerio Público (…) Por las mismas razones, no me puedo referir al tema.

La llegada de la exalcaldesa Karen Rojo a Chile

—¿Cómo valora el hecho de que la exalcaldesa Karen Rojo ya esté en territorio nacional?

El efecto más importante es que en Chile, a pesar del tiempo que pase, a pesar de las distancias y a pesar de cualquier otro tipo de circunstancia y de la persona de que se trate, las sentencias de los tribunales de justicia se cumplen y eso es un mérito y es un reconocimiento a que en nuestro país la cooperación internacional funciona. Sí, quizás podemos decir que no es lo más rápido, no es lo más expedito, pero piense que se ha logrado la extradición de una persona que se dio a la fuga, que es una exalcaldesa, que se fue a Países Bajos y al día de hoy se encuentra cumpliendo su condena en Chile.

—Cuando la Corte Suprema confirmó su sentencia, en 2022, ella no mantenía medidas cautelares. Por eso, tuvo un tiempo para salir del país y fugarse. ¿Hubo ahí falta de coordinación o problemas administrativos? ¿Se han revisado esos procesos para evitar que situaciones así se repitan?

Ese es un tema que ocurrió cuando yo no era fiscal regional, por lo tanto no tenía a cargo aquello, pero evidentemente tuve conocimiento de la situación y eso hizo que, al menos desde que yo comencé mi administración, se tomaran todas las medidas para que las personas que estando involucradas en un delito que merezca pena de crimen y que se han ido presentando voluntariamente ante un Tribunal Oral en Lo Penal al momento del veredicto, si se confirma la petición del Ministerio Público, es decir, una acusación que implica la probabilidad de una pena de crimen, se pida una medida cautelar en caso de no haberla o se modifique una medida cautelar más gravosa en el caso de que la que haya no sea lo suficientemente gravosa para asegurar la comparecencia de la persona en el juicio. Al menos esa es la instrucción que existe desde que yo asumí como fiscal regional en la región de Antofagasta y, por lo tanto, eso debería evitar que una situación similar vuelva a pasar.

Pero sí también creo que hay una cosa importante que no hay que olvidar y no se trata de hacer una defensa a la administración anterior o a quienes intervinieron en la causa, pero no se debe olvidar que todo este juicio se dio en situación de pandemia y todos los juicios eran telemáticos. Por lo tanto, todo el mundo encendía su computador de manera voluntaria y quizás eso fue uno de los factores que incidió en que esto ocurriera. Por eso, lo que me atañe a mí y lo que yo he aplicado es justamente tomar todas las medidas necesarias para que, independiente de la modalidad del juicio, de las circunstancias que sean, de la persona que se trate y las personas que eventualmente tengan que cumplir una pena privativa de libertad, tengan las medidas cautelares que correspondan, que aseguren su comparecencia.

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