El acuerdo que el Ministerio de Ciencia firmó con OpenAI establece un marco para capacitar a funcionarios y evaluar usos de la inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos. Según la cartera, las capacitaciones utilizarán datos abiertos y sintéticos. Si un organismo público decide contratar una herramienta, deberá definir antes cómo se tratará la información y qué medidas de ciberseguridad exigirá.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, firmaron el memorándum el lunes en California, Estados Unidos. La secretaria de Estado afirmó que el documento de tres páginas fue «revisado y autorizado por Cancillería» y que forma parte del programa OpenAI for Countries.
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Qué podrá decidir la mesa de trabajo
Según el texto al que tuvo acceso El Mercurio, el ministerio y la empresa evaluarán aplicaciones de IA en salud, educación, investigación y desarrollo económico. También estudiarán formas de apoyar a empresas chilenas que desarrollan esta tecnología y de fortalecer la infraestructura tecnológica de la cartera. Entre las herramientas mencionadas figuran Codex y ChatGPT Edu.
Representantes del ministerio y de OpenAI se reunirán inicialmente una vez al mes. La mesa podrá recomendar proyectos, pero carece de facultades para aprobar contratos o comprometer recursos. El memorándum tampoco exige compras mínimas, inversiones ni la instalación de infraestructura en Chile.
Si alguna iniciativa avanza, sus costos y condiciones de privacidad y seguridad deberán acordarse por separado. El eventual uso de información estatal es uno de los puntos que ha motivado reparos al acuerdo en el mundo científico.
La advertencia sobre un proveedor privilegiado
En Una Nueva Mañana de Cooperativa, Claudia López, investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y académica de la Universidad de Chile, reconoció las ventajas que puede ofrecer la IA en la gestión pública. A la vez, llamó a resguardar la privacidad y a evitar que las instituciones pierdan capacidades propias al depender de la tecnología de una sola empresa.
Su advertencia apuntó a las futuras compras del Estado. Si una empresa recibe un trato preferente, planteó, podría convertirse en «un proveedor privilegiado que tenga una gran cantidad de los datos de la ciudadanía», con el riesgo de que «se pierda la soberanía de los datos del país».
Desde el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI) respaldó a Lincolao por impulsar un acuerdo «para atraer IA que haga más eficiente el Estado». A su juicio, estas herramientas pueden ayudar a resolver trámites en los que el aparato público «muchas veces pelotea a los vecinos y no les da soluciones concretas».
El Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2024, Ricardo Baeza-Yates, cuestionó la elección de OpenAI y aludió a la demanda que presentó el fiscal general de California contra la compañía por presuntas fallas de seguridad en las pruebas de sus modelos. «¿Quiere Chile depender tecnológicamente de una compañía con tan poca ética? Espero que el Congreso u otros ministerios tengan una opinión en este asunto», señaló.