El Gobierno evitó este lunes manifestarse sobre el controvertido proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de abortar bajo las tres causales permitidas en el país.

«En esto yo creo que es muy importante, en esto cito a Michelle Bachelet, ‘cuando hablamos de aborto llegamos tarde’. Mi foco como ministra es apoyar a las familias y que podamos incentivar la natalidad», dijo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, al ser preguntada en una rueda de prensa por periodistas.

«Sabemos que hay muchos factores que influyen (en la crisis de natalidad) y, por eso, el Presidente cuenta hoy día con la Comisión Chile Renace que está haciendo una investigación profunda para conocer las causas», agregó.

El proyecto, denominado ‘Escucha su corazón’, fue presentado hace semanas por un grupo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (que se declara opositor pero es afín al Gobierno) y del gobernante Partido Republicano, fundado por el Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa, que se hizo pública la semana pasada y generó un aluvión de críticas, busca modificar el Código Sanitario para que, cuando una mujer solicite abortar, el médico le informe sobre si existe actividad cardíaca detectable en el feto y le «ofrezca» escuchar el latido.

El texto establece que la mujer tiene el derecho de rechazar el ofrecimiento pero, en ese caso, «el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo», lo que en la práctica implica que está obligada a escuchar el latido si quiere seguir adelante con el aborto.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) planteó que «al revés de lo que se ha tratado de instalar, este es un proyecto que evita mucho sufrimiento a las madres, porque aquí no se ha hecho cargo parte del mundo médico de lo que es el síndrome post aborto».

Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) indicó que «en Texas se logró bajar el aborto en un 40 por ciento, también en Hungría un 10 por ciento. Esperamos que el Presidente de la República y el gobierno den su apoyo a una iniciativa que lo único que busca es salvar vidas».

En Chile, el aborto es legal desde 2017 bajo tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Rechazo transversal

Los impulsores del proyecto argumentan que el objetivo es fortalecer el consentimiento informado, mientras que desde la izquierda, el feminismo y la derecha tradicional con la que gobierna Kast calificaron el proyecto de «cruel».

Desde la UDI, su timonel Guillermo Ramírez cree «que la forma de restringir el aborto no es esa, sino que legislando a través de mayor acompañamiento. Creo que si el objetivo loable que compartimos es de reducir el número de abortos, tenemos que legislar en Chile por un sistema de acompañamiento que sea mucho más eficaz».

«Le pedimos al gobierno que reconsidere esa postura para impulsar un programa de acompañamiento a las mujeres», añadió.

El proyecto no es nuevo y replica iniciativas que ya se adoptaron en Hungría en 2022, bajo el Gobierno de Viktor Orbán, y en la región española de Castilla-León, gobernada por una coalición entre el movimiento de ultraderecha Vox y el conservador Partido Popular. También hay legislaciones similares en varios estados de Estados Unidos, como Kentucky o Texas.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la «batalla cultural» y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, manifestó que «obligar a que una mujer escuche el corazón para poder acceder a la prestación es inmiscuirse en una decisión clínica, es además pasar sobre lo que es la definición del consentimiento informado. Ningún consentimiento informado obliga a hacer un examen ni ninguna prueba diagnóstica de ningún tipo y nunca se supedita, menos jurídicamente, a tener o no tener un examen».

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indicaron la semana pasada que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Ante esta situación, la diputada Irací Hassler (PC) recordó que «este un proyecto profundamente anti derechos de las mujeres, es un proyecto cruel e inhumano. Que esas niñas y mujeres tengan que escuchar los latidos del embrión o del feto, eso no busca entregar información para una decisión informada, lo que pretende es generar culpas, sufrimiento y presión emocional».

«Preocupa el silencio de la ministra de la Mujer, quien encabeza ese ministerio no debe ser indiferente ante este proyecto de ley», cuestionó.