El proyecto contempla consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados.
El proyecto contempla consagrar la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales y disponer regímenes penitenciarios diferenciados.