La Fiscalía formalizó este miércoles, por delito de apropiación indebida, al exdirector ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y a la exrepresentante legal María Constanza Gómez, por arista Biobío del caso.

La presentación de cargos se abocó a un convenio suscrito con el Gobierno Regional en el año 2022 e involucró 2.550 millones de pesos, de los cuales 600 permanecen desaparecidos.

Cristian Arias, defensor de Larraín, justificó el descuadre a propósito del «término anticipado de los convenios».

«El caso de Biobío fue igual que otros: las autoridades de la época vieron que venía el problema de los convenios y pusieron a ProCultura en el mismo saco que cualquier otro caso (de fundaciones dudosas), en circunstancias que estos eran convenios siempre legítimos, lícitos«, dijo Arias.

«De hecho, los tribunales una y otra vez dicen que la transferencia de recursos y la recepción de recursos es completamente lícita, y no se terminaron de ejecutar (los contraros) porque se cortó el flujo de transferencias a ProCultura, que fue, justamente, una reacción frente a lo mediático, (pues) no había una razón real para poner término al convenio», planteó el abogado.Se dio la cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos.

El Juzgado de Garantía de Concepción impuso cautelares de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos imputados: Larraín y Gómez.

Tras la formalización, de manera inmediata se vio en una segunda audiencia la competencia del tribunal, y éste terminó declarándose incompetente, por lo que ordenó el traslado de la causa al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.