La Justicia formalizó nuevos cargos contra el exdiputado Joaquín Lavín León por el uso y comercialización ilícita de datos electorales, al tiempo que aprobó la solicitud de extradición, desde España, de Felipe Vásquez, creador de la plataforma «SocialTazk».
En la misma audiencia, se imputó a otros dos colaboradores por su rol en un esquema de fraude al fisco que asciende a 177 millones de pesos, dinero presuntamente desviado desde asignaciones parlamentarias para financiar campañas políticas mediante contratos de asesorías inexistentes.
La investigación liderada por el Ministerio Público sostiene que Lavín León -quien permanece en prisión preventiva desde mayo– utilizó facturas de la aplicación «SocialTazk» para justificar gastos parlamentarios.
Sin embargo, los servicios habrían consistido en la gestión de bases de datos de votantes facilitadas de forma irregular.
Extradición y el rol de «SocialTazk»
Uno de los puntos clave de la audiencia fue la situación de Felipe Vásquez, desarrollador de la plataforma, que actualmente se encuentra en territorio español. La justicia determinó que existen antecedentes suficientes para solicitar su retorno forzoso al país debido a la gravedad de los delitos investigados.
La fiscal Constanza Encina dijo que en el Ministerio Público están «conformes con los resultados de la audiencia«, dado que «lo más relevante era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vásquez, que se encuentra en España en este momento».
Esta solicitud «se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se estaban imputando«, valoró la persecutora, que detalló también en qué consistió la irregularidad relacionada con «SocialTazk».
«Se incorporó en la plataforma –que tenía conocidos fines comerciales y electorales– el padrón completo de varios años consecutivos. Este padrón pudo haber sido proporcionado, según creemos, por personas ligadas al partido político del diputado Joaquín Lavín (la UDI) y del señor Arnaldo Domínguez (coimputado)«, puntualizó Encina.
Nuevos imputados y la defensa de Lavín
La causa sumó dos nuevos nombres bajo medidas cautelares: Belén Carrasco (esposa de Arnaldo Domínguez) y Shigue Kazu Ogino.
Ambos quedaron con arresto domiciliario, acusados de figurar como asesores parlamentarios sin haber prestado servicios reales en el Congreso, y habiendo desempeñado en realidad actividades de campaña.
En el caso de Ogino, se destacó su participación previa en la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante (histórico líder UDI y papá de Lavín León), lo que levantó sospechas sobre su posible conexión con la trama. Sin embargo, la defensa del exdiputado fue tajante en desvincular al ex alcalde de Las Condes y exministro de Educación y Desarrollo Social.
Lavín hijo «se sometió a un escrutinio absoluto, contestó todas las preguntas, y toda la información que se entregó en esa oportunidad y durante el curso de la investigación se ha dado cuenta de que es real. El problema es que unos dicen que es un delito y nosotros sostenemos que es otro«, puntualizó el abogado defensor Cristóbal Bonacic.
Respecto a la mención de Joaquín Lavín padre, el jurista señaló que «no ha sido citado a prestar declaración, no es una persona (involucrda en el caso) más allá de ser mencionado, no tiene ninguna intervención ni vinculación alguna con respecto a los hechos que se están investigando, ni otros que puedan aparecer«.
«Que mañana la Fiscalía lo cite a prestar declaración depende de ese organismo autónomo, pero a juicio de esta defensa no veo que tenga alguna relación«, enfatizó Bonacic.
Próximas fechas
Joaquín Lavín León continuará recluido en el anexo Capitán Yáber, mientras que Dominguez permanece en Santiago 1.
Su próxima comparecencia en tribunales será el 31 de julio, fecha en la que se realizará la audiencia de revisión de sus medidas cautelares.
