Luego de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales las normas más emblemáticas de la ley «Escuelas Protegidas», una de sus iniciativas estrella orientada a combatir la violencia escolar, el Ejecutivo esperará los fundamentos del fallo para buscar alternativas legislativas y planteó que la inhabilidad a la gratuidad podría reubicarse en su norma de origen.

El organismo jurisdiccional frenó la aplicación de la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por hechos de violencia, así como la facultad de las policías para registrar mochilas ante la negativa del alumno y la ausencia de su apoderado.

Además, el TC objetó la prohibición de prendas de apología a la violencia —como los pasamontañas— y la restricción de ingreso al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para alumnos expulsados.

«Tenemos que ver cuál es el fundamento del fallo. A lo mejor puede darse de que el tribunal considere que esa norma (la inhabilidad a la gratuidad) debe estar considerada en el origen del beneficio de la gratuidad, la que da origen en esa norma, en esa ley, y no en esta. Puede ser, por ejemplo», manifestó el biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

«Conociendo el fundamento del fallo, veremos cómo corregir lo objetado y también cómo lo trabajamos para el Registro de Vándalos», agregó el jefe de gabinete.

El fantasma del precedente para otras reformas

Más allá del freno a la agenda de seguridad escolar, el fallo encendió alarmas en Palacio debido al severo precedente que establece. Al objetarse el Artículo 6 —que creaba un nuevo requisito de probidad penal para mantener el beneficio de la gratuidad—, el TC delimitó las facultades del legislador para alterar beneficios sociales vigentes basándose en conductas punibles.

Para la abogada experta en materia constitucional y socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, Elisa Walker, este dictamen obligará al Ejecutivo a recalibrar de forma urgente el diseño de sus proyectos en trámite.

«A pesar de que hay que esperar los fundamentos, sí es posible anticipar que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional debe generar atención a otros proyectos de ley que está tramitando el Gobierno. Es probable que este razonamiento va a obligar a revisar, tal vez eliminar esas disposiciones o reescribirlas para que estas sean necesariamente concordantes con las garantías constitucionales«, advirtió la jurista.

Reacciones del Congreso

Desde la Democracia Cristiana, colectividad que aportó votos clave en la Cámara Baja para viabilizar el proyecto, el diputado Héctor Barría hizo «un llamado al Ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios», acusando que «hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos, que no quieren escuchar a otras voces».

Por su parte, desde el oficialismo, el diputado de la UDI Ricardo Neumann adelantó que buscarán los resquicios legales para reponer las sanciones mediante modificaciones a la Carta Magna.

«Estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes», indicó el gremialista.

Pese a que el camino de una reforma constitucional asoma complejo y largo, en el oficialismo confían en los actuales quórums más bajos de cuatro séptimos para intentar reponer las medidas.

Todo esto mientras la agenda legislativa no da tregua: esta misma tarde la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja continuará con el debate del Registro Nacional de Vándalos, en una jornada marcada además por el viaje del Presidente José Antonio Kast a la Región de La Araucanía.