Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, reafirmó en Cooperativa que la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau no tiene méritos para ser aprobada en el Senado.
En conversación con Lo que Queda del Día, Peña comentó que «no es novedoso es que se acuse constitucionalmente a un exministro de Estado, porque indudablemente las acusaciones de los últimos años han recaído básicamente en ministros de Estado, con la excepción de las acusaciones contra ministros de la Corte Suprema que finalmente terminaron siendo destituidos del cargo».
«Me parece que esta acusación tiene la particularidad de no lograr configurar los niveles jurídicos que se le imputan al exministro de Hacienda. Dicho en otras palabras, se le imputa negligencia, mal desempeño en su cargo, pero eso no es suficiente para configurar una responsabilidad constitucional que lleve aparejada la inhabilidad por cinco años para desempeñar cargos públicos», manifestó.
Para la experta, «la responsabilidad de los parlamentarios tiene que ver con entender que la acusación constitucional es un mecanismo de ultima ratio, y si se sostiene en la acusación constitucional que existían advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional, en relación con los errores, inadvertencias o negligencias que se le imputan al exministro Grau, la pregunta lógica que surge es por qué no se activaron esas alertas a través de los mecanismos de fiscalización política que tiene la Cámara de Diputados», como una interpelación o comisión investigadora.
Reforma al sistema de acusaciones
En este escenario, Peña valoró la propuesta de reforma planteada por un «grupo transversal de parlamentarios que estuvieron por declarar inadmisible el día de hoy la acusación constitucional por no encontrarle justamente mérito jurídico, independientemente de las consideraciones políticas».
«Valoro que haya un grupo transversal de parlamentarios que haya manifestado la conciencia acerca de que la acusación constitucional no se está usando debidamente, y al no usarse debidamente, uno vuelve la mirada inmediatamente a las normas que regulan la acusación constitucional y aparece como evidente que los requisitos para deducir una acusación constitucional son relativamente fáciles», insistió.
Peña destacó que en el mencionado proyecto «se eleva la exigencia a 20 diputados, pero otra cosa que me parece muy interesante es que plantean que la infracción a la Constitución, cuando se acusa a un ministro de Estado, debe ser abierta (…) es muy distinto imputar una infracción genérica a la Constitución que probar efectivamente que más allá de principios, de las declaraciones, ha habido una infracción que configura un ilícito constitucional».
