El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconoció irregularidades tras la auditoría de Contraloría que detectó que contrató censistas con antecedentes penales. Del mismo modo, el organismo solicitó una reconsideración legal sobre observaciones vinculadas a multas, censistas sin respaldo y arrendamientos.

De acuerdo con un comunicado del INE, se detalla que recibió este 10 de marzo de 2026 el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) respecto de la auditoría realizada a los procesos asociados al Censo de Población y Vivienda 2024. El proceso de fiscalización se inició el 13 de diciembre de 2024.

El organismo técnico analizó en detalle las observaciones contenidas en dicho informe. Además de adoptar las medidas correctivas conforme a la normativa vigente, el INE presentó ante el ente controlador, con fecha 18 de marzo de 2026, una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos.

“El Censo 2024 implicó el despliegue de un proceso nacional de reclutamiento que convocó a más de 400.000 postulantes, así como la selección, contratación y pago de más de 38.000 personas en terreno, desplegadas en 345 comunas, coordinado desde 697 locales censales”, expuso el INE. El levantamiento en terreno se desarrolló entre marzo y julio de 2024, precisó la entidad.

En esa línea, el INE calificó el censo como “un hito institucional, al tratarse de un censo de derecho y del primero en incorporar herramientas digitales de manera transversal en todas las etapas del proceso, incluyendo dispositivos móviles de captura y la modalidad de Censo en Línea”.

Antecedentes penales y situación migratoria

Sin embargo, la Contraloría detectó que el INE contrató 16 personas que registraban antecedentes penales. Dentro del grupo se cuentan algunos condenados por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En seis de esos casos los censistas presentaron certificados que no reflejaban fielmente su prontuario, reveló BBCL Investiga.

En los 10 casos restantes no fue posible demostrar que el organismo haya exigido a las personas el certificado de antecedentes respectivo antes de la contratación. Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Estadísticas adoptó la instrucción inmediata de un sumario administrativo –con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado) además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, “las cuales se encuentran actualmente en investigación”.

Paralelamente, la Contraloría verificó que el INE contrató 14 personas extranjeras que no se encontraban habilitadas para trabajar en el país, toda vez que no contaban con una residencia definitiva o temporal vigente, o con una residencia temporal o definitiva acogida a trámite, al 31 de diciembre de 2023. Cinco de ellas corresponden a exresidentes definitivos o temporales, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos, correspondiendo uno de ellos a una expulsión administrativa del país.

Sobre este punto, el INE señaló que en el mismo proceso sumarial se está investigando “la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)”.

La Contraloría ordenó que dentro de un plazo de 15 días desde la notificación el INE instruya un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Conflicto de interés en licitación millonaria

Uno de los hallazgos más delicados guarda relación con un evidente conflicto de interés en una de las licitaciones más millonarias vinculadas al Censo 2024. La Contraloría detectó que una exasesora del proceso censal, que mantuvo un vínculo contractual con el INE hasta el 31 de agosto de 2024, participó como experta en la comisión encargada de evaluar una licitación adjudicada por cerca de $1.700 millones.

La profesional se desempeñaba en paralelo como representante legal de McCann Erickson S.A., firma que mantenía una participación del 60% en Dittborn y Unzueta S.A., empresa que finalmente se adjudicó el contrato. A juicio de Contraloría, dicha situación podría configurar una vulneración a las normas sobre probidad y un eventual conflicto de interés regulado por la Ley N° 20.880.

Por este caso particular, el organismo fiscalizador resolvió remitir una copia de esta observación al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes. Junto con formular las observaciones, el órgano contralor remitió los antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de que se evalúe el inicio de una o más investigaciones penales.

La institución afirmó que está efectuando “un control permanente en relación con las medidas adoptadas, además de su reporte a Contraloría General de la República, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento permanente y continuo de sus procesos, la transparencia en su gestión y el uso responsable de los recursos públicos”, cierra el comunicado.

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