El abogado Ulda Omar Figueroa, coordinador del área de Estudios en Justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, destacó este viernes, en entrevista con Cooperativa, la capacidad técnica del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para enmendar el rumbo de la cartera tras la temprana salida de su predecesora, Trinidad Steinert.
La otrora secretaria de Estado fue removida por el Presidente José Antonio Kast el 19 de mayo pasado, 69 días después de la instalación del Gobierno, lo que representó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.
La gestión de Steinert recibió fuertes críticas por parte de la oposición por no presentar ante el Congreso el detalle del plan del Ejecutivo en cuanto al combate de la delincuencia, que fue una de las promesas de campaña del Mandatario.
En diálogo con Lo Que Queda del Día, Figueroa apuntó que «el bagaje profesional» de la exfiscal y su equipo limitó la visión de su gestión: «Si bien (el Ministerio Público) es un ámbito que se vincula a la seguridad, es un aspecto muy particular: un árbol dentro de un bosque mucho más grande. Eso probablemente dificultó para ese equipo el poder comprender la magnitud del fenómeno del cual se tenían que hacer cargo«, afirmó, añadiendo que aquello derivó en múltiples «descoordinaciones y distracciones».
«Eso ha contrastado con la llegada del ministro Arrau, que, si bien él no es un experto en seguridad, sí es una persona con una formación en la ingeniería y que, por lo tanto, entiende bastante de procesos, de indicadores. Y precisamente este es un ministerio, el de Seguridad, que en su diseño legal incorpora bastante de estos elementos, y eso posiblemente le ha facilitado bastante el poder comprender rápidamente el funcionamiento y hacia dónde hay que orientar el ministerio», planteó el especialista.
De acuerdo con Figueroa, esta estructura le ha permitido al secretario de Estado sintonizar con la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, facilitando además puentes transversales con el Congreso.
Registro de Vándalos, «una mala solución a un problema que es real»
Una perspectiva marcadamente distinta manifestó Figueroa al analizar uno de los anuncios emblemáticos del nuevo plan del Ejecutivo: la creación de un Registro de Vándalos, anunciado por el Presidente Kast para sancionar conductas disruptivas en los barrios mediante la exclusión de programas estatales.
Para el coordinador del Centro UC, la propuesta representa «una mala solución a un problema que es real y que tiene que ser abordado de manera seria y con evidencia».
«Efectivamente, las personas que viven en los barrios y que padecen o son objeto o conviven con incivilidades, con personas que toman alcohol en la vía pública, rayan el espacio público. Eso genera incomodidad, genera miedo en las personas y es un problema que está bien diagnosticado. El problema es que la respuesta no es la adecuada», indicó Figueroa.
«No es eficaz para reducir ese tipo de comportamientos el incorporar a esas personas a registros, ni tampoco —que es un elemento separado que se suele meter dentro del discurso público dentro de la misma juguera— que, como consecuencia de ese registro, las personas pierdan derechos sociales. Precisamente esas son dos medidas que en la evidencia internacional está bastante demostrado que generan el efecto contrario«, advirtió.
El académico argumentó que «las personas en la medida que son más excluidas de las actividades prosociales tienen precisamente más probabilidad de iniciar o persistir en trayectorias delictivas o, en definitiva, ser reclutadas por organizaciones criminales«.
En esa misma línea, equiparó este fenómeno con los impactos negativos observados en la deserción escolar, concluyendo que la iniciativa terminará por exacerbar el problema delictivo en lugar de mitigar las faltas en la vía pública.
«No conseguimos solucionar el problema que buscamos atacar y, por el contrario, lo agravamos y lo que hacemos en cambio es que esas personas se vinculen a organizaciones criminales», sentenció.
Foco policial y abandono de las víctimas
Asimismo, al desglosar los equilibrios del plan general expuesto por el ministro Arrau ante las cámaras del Congreso, el investigador advirtió un desbalance que prioriza el control territorial netamente policial por sobre la prevención temprana o el diseño urbano.
Figueroa alertó especialmente sobre dos grandes ausencias en el debate actual: la violencia intrafamiliar y sexual —que registran alzas sustantivas en el país— y la desprotección del sistema hacia los afectados.
«Donde todavía tenemos bastantes déficits es en cómo atendemos a las personas víctimas de delito, y finalmente la percepción que tiene muchas de las personas respecto de cómo funciona la justicia tiene que ver con cómo han sido atendidas y, en la medida que son mal atendidas, las personas denuncian menos», enfatizó.
