El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó la querella que la empresa Social Arquitectura interpuso en su contra por paralizar anticipadamente las obras de reconstrucción que llevaba a cabo en el sector El Olivar en la Región de Valparaíso, tras los devastadores incendios de 2024.
La compañía ingresó la querella ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso con el fin de invalidar una serie de actos administrativos decretados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que ordenó revocar el convenio con la empresa y continuar con el cobro de una boleta de garantía por 500 UF (poco más de 20 millones de pesos) que, posteriormente, fue suspendido de forma provisoria.
Ante ello, Social Arquitectura exige una indemnización de más de 12 mil millones de pesos por perjuicios ocasionados.
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«Nos parece insólito», dice el Minvu
En este contexto, desde el Minvu respondieron que todas las decisiones adoptadas han estado basadas en antecedentes técnicos, en la normativa vigente y en el resguardo tanto de los recursos públicos como de la seguridad de las familias damnificadas.
«Nos resulta inverosímil que, mientras este ministerio denuncia eventuales fraudes que afectan a cientos de familias damnificadas, instruye todos los sumarios administrativos y adopta las medidas para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares técnicos exigidos para entregar viviendas adecuadas, existan voces en el Congreso que aboguen por una entidad que actualmente, además, está siendo investigada por la Fiscalía», dijo la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar.
«Nuestra prioridad ética, técnica y profesional, como la de todos los funcionarios de este ministerio, está en las familias de El Olivar y en cumplir con otorgarles una solución habitacional que responda a los estándares que corresponden, a más de dos años del voraz incendio ocurrido en la Región de Valparaíso», defendió.
La cartera desestimó previamente las acusaciones de fraude al Fisco y coacción por parte de la empresa, que reiteradamente ha denunciado a Poduje por supuestas presiones a funcionarios del Serviu Valparaíso para elaborar informes técnicos «forzados» que justificaran el término anticipado de contratos con Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián Limitada, junto a la decisión de demoler 52 viviendas con más de un 90% de avance en El Olivar.
Por su parte, el titular del Minvu ya había denunciado ante el Ministerio Público a ambas empresas por eventuales delitos de fraude al Fisco, estafa, uso malicioso de certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias, entre otras figuras penales.
